“…El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso…”, sostuvo orgullosamente, y en compañía silenciosa de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, el, hasta hace apenas unos días, Ministro de Educación de la Nación y actual precandidato a Senador Nacional de Cambiemos Esteban Bullrich, al enumerar y describir aquello que, en el marco del proyecto político del que forma parte y representa, son considerados logros y expresiones concretas de su horizonte, de sus objetivos, del camino a seguir.

Un metro de asfalto, una sala, un pibe preso. El pibe como una cosa externa, ajena a nosotrxs, como un objeto depositado en un lugar, como “algo” que representa un peligro para la sociedad por lo que alejarlo, encerrarlo, esconderlo significa, desde esta mirada, una mejora en la calidad de vida de sus miembros. El pibe preso como una conquista social, como un efecto deseado y buscado, como una cuestión para reivindicar. El pibe preso como decisión política que forma parte de un conjunto más amplio de decisiones políticas que constituyen un proyecto de sociedad que responde a determinados intereses y dan cuenta de la direccionalidad de las políticas públicas elaboradas e implementadas por el Gobierno. El pibe preso como manifestación concreta del neoliberalismo en tanto proyecto político, económico, social y cultural que atraviesa al Estado en su conformación estructural actual.

En este punto, cabe preguntarse, entonces, ¿a qué intereses responde un proyecto como tal?, ¿por qué un Gobierno celebra que cada vez más pibxs estén presxs?, ¿qué aspectos de la realidad se ocultan, se encubren detrás de discursos como éste?, ¿Qué rupturas podemos generar al respecto?

Para aproximarnos a la respuesta de estos interrogantes, considero interesante recuperar los aportes de un sociólogo francés, Loïc Wacquant, particularmente en su libro denominado “Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social”. En él, el mencionado autor, analizando las transformaciones del Estado hacia fines del siglo XX, sostiene que es posible visualizar un vínculo estrecho entre el neoliberalismo, como proyecto ideológico y político basado en el “libre mercado” y el culto al individualismo, y la profundización de las políticas punitivas, expresándose en el reemplazo gradual del Estado de Bienestar con sus redes de seguridad social por un Estado Policial y Penal, ello en un contexto marcado por la profundización de los problemas derivados del desempleo, el trabajo precario y la desregulación económica.

Ajuste y recorte de las funciones sociales y asistenciales, arrasando contra derechos históricamente conquistados por la clase trabajadora y transfiriendo dichas funciones al ámbito privado de la familia y el mercado, y expansión de las funciones represivas, coercitivas, punitivas, policiales: la fórmula para garantizar las condiciones necesarias para que el neoliberalismo no encuentre obstáculos en su desarrollo y continuidad. Estigmatización, criminalización, penalización de las cuestiones sociales, disciplinamiento, control, encierro como procesos fundamentales para esconder y profundizar aquello que el mismo neoliberalismo genera.

En función de estas consideraciones, es preciso sostener que explicar y comprender en profundidad la expresión de Bullrich no es posible si la consideramos de manera aislada, como palabras manifestadas por un sujeto individual, como un modo de pensar que se reduce a una persona particular, sino que implica, necesariamente, recuperar los elementos propios de la coyuntura actual.

Una coyuntura en la que, de acuerdo a los datos obtenidos a través de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC, mientras que la tasa de desempleo general es de 9,2%, en el caso de los jóvenes de género masculino la misma asciende al 17,2% y en jóvenes de género femenino al 20,1%; en la que programas orientados a fortalecer el acceso y permanencia en el sistema educativo y la inserción en el mercado de trabajo por parte de lxs jóvenes han sufrido importantes recortes en sus presupuestos, como el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, creado en 2008, o el PROGRESAR, creado en 2014; en la que la pobreza, de acuerdo a la investigación desarrollada por la Universidad Católica Argentina, afecta a 6 de cada 10 niñxs menores de 17 años de edad, lxs cuales ven cotidianamente vulnerados sus derechos.

Frente a esta realidad, quienes abrazamos un proyecto político nacional y popular luchamos todos los días por transformarla y reivindicamos la política como herramienta para lograrlo. Para que podamos decir, como sociedad, orgullosamente, que un/una pibx más accede a cada vez más derechos.