Por Mario Alberto Juliano[1]

El Poder Judicial argentino afronta numerosos desafíos que, en definitiva, no son muy distintos que los desafíos que afronta el pueblo argentino. Y eso no es ninguna novedad. Como decía Rudolph von Ihering, uno de los más notables iusfilósofos del siglo XIX: el derecho es lucha. Y el derecho es y debe ser lucha ya que no existe un modelo de estado de derecho perfecto. El estado de derecho ideal no ha existido nunca y quizá nunca llegue a existir. El estado de derecho es un proyecto, del mismo modo que lo son los principios constitucionales. Un proyecto irrealizado que debe ser promovido por la política. Y cuando hablo de la política también me estoy refiriendo al Poder Judicial ya que, indudablemente, cada sentencia es un acto de gobierno que predica acerca del modelo de sociedad en el que queremos vivir.

El Estado, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo,  tiene tendencias inocultables a la expansión, a avanzar sobre espacios reservados a los individuos e imponer sus planes, que no siempre coinciden con las necesidades y expectativas de la población. Es por eso que el estado de derecho debe actuar como una cápsula que contenga las peores expresiones del poder público.

Una de las dudosas expresiones del poder estatal, que coloca en tensión al estado de derecho y sus mecanismos institucionales, ha sido la arremetida presidencial contra el mundo del trabajo, queriendo abarcar con  esta expresión no sólo la incuestionable pérdida de derechos y posibilidades de los trabajadores propiamente dichos, sino también a los abogados que representan sus intereses y los jueces llamados a decidir en los conflictos laborales. El presidente Macri ha responsabilizado a la “industria de juicio” por los quebrantos de las pequeñas y medianas empresas, sin detenerse a valorar la incidencia de las políticas económicas sobre ese sector.

La embestida contra “la industria del juicio” no es novedosa. He sido testigo de otros momentos del país en que los mismos o parecidos protagonistas reclamaban el recorte de los derechos laborales para mantener la indemnidad de sus bolsillos y la maximización de sus ganancias.

No voy a ser tan ingenuo como para ignorar que pueden existir desbordes en ciertos reclamos, como de hecho ocurre en numerosas actividades humanas (remarcación de precios, aumentos de tarifas, despidos indiscriminados). Pero, ciertamente, las deformaciones no pueden ser nunca el argumento para suprimir derechos que han sido tan costoso conseguir para la clase trabajadora, indudablemente la parte más débil de la relación laboral.

Luis Raffaghelli

Luis Raffaghelli

Una de las personas apuntadas en este proceso de debilitamiento de la justicia laboral e intento de recorte de derechos ha sido uno de los hijos dilectos de Lobería: Luis Anibal Raffaghelli, a quien se le ha solicitado el juicio político por una decisión jurisdiccional.

Tuve la suerte de conocerlo a Luis en los últimos años de la década de los 70. Lo conocí por intermedio de otro querido y entrañable loberense, Horacio Alfredo Vidal, que por aquellos entonces trabajaba en el Juzgado de Paz Letrado de Necochea. Yo comenzaba a hacer mis primeros pininos en la abogacía y pese a militar en diferentes partidos políticos (ellos peronistas, yo radical), trabamos una intensa amistad que se prolongó en el tiempo.

Luego de haber atravesado la terrible historia del secuestro y tortura a manos de los militares, Luis pudo reintegrarse a la vida profesional, y de la mano de su enorme capacidad de trabajo y conocimientos especialísimos, no tardó mucho en concentrar la casi totalidad del requerimiento laboral de justicia obrera. Recuerdo haber ido en incontables veces a su estudio, lleno de trabajadores a toda hora del día.

Luis fue una persona muy generosa con los jóvenes abogados (también conmigo, que en algún momento fui joven abogado). Abrió sin recelos las puertas de su estudio para que diéramos los primeros pasos en un mundo donde no era sencillo abrirse camino. Y no solo que nos abrió las puertas, sino que nos permitió ganar dinero para atender nuestras necesidades y proyectarnos al futuro.

Viajamos muchísimas veces juntos a Tres Arroyos, cuando los tribunales del trabajo estaban en esa ciudad. Esos viajes me permitieron conocer a una persona sensible y, fundamentalmente, honesta a carta cabal.

Guardo para mí una anécdota que Luis no recordaba hasta que hace pocos años le mencioné en ocasión de una actividad pública. Luis me pasaba muchísimas carpetas con todo tipo de reclamos. Algunas con contenido económico muy importante, otras menos significativas. En una ocasión me pasó un caso que, a moneda de hoy, sería de unos $ 300, por decir algo. Le digo a Luis si, en realidad valía la pena perder nuestro tiempo en un reclamo tan pequeño: y él me respondió: “no hay injusticias chicas ni grandes. Simplemente hay injusticias”.

Otra anécdota. 1982. Plena guerra de Malvinas. Entra a puerto un buque pesquero que tenía que ir al teatro de operaciones. La tripulación desembarca con el reclamo que hacía varios meses que no le pagaban. A expensas de Luis intentamos un recurso “suicida”: una medida cautelar en el Juzgado de Paz Letrado de Necochea, cuyo titular era Anibal Snider Carbajal, solicitando una interdicción de salida del buque. El juez, más suicida que nosotros, viendo la verosimilitud del derecho invocado, nos extendió la orden de interdicción. Luis y yo nos vamos con ese papelito a la Prefectura de Puerto Quequén para notificar que el buque no podía zarpar. Los milicos nos miraban a nosotros, miraban el papel y no podían entender lo que le decíamos: que dos ignotos abogados con la orden de un ignoto juez de paz se interpusiera en los designios de la guerra. Lo recuerdo a Luis firme, indicando a los uniformados que deberían asumir la responsabilidad penal en caso de incumplir la orden judicial. Para hacerla corta, la empresa fue obligada a arreglar el reclamo y recién después pudo zarpar el buque.

Podría contar muchas anécdotas como esas. Pero lo que quiero significar es que si bien no conozco en profundidad la “falta” que se le atribuye a Raffaghelli para llevarlo a juicio político, tengo la certeza y la convicción que no existe estatura ética ni moral para cuestionar toda esa trayectoria.

 

[1] Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea y Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal