El debate en torno a la edad de punibilidad se renueva y se coloca en la agenda pública una vez más, y como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia, a partir de un hecho delictivo grave como lo es, en este caso, el asesinato de Brian, de 14 años de edad, en el Barrio de Flores, por parte de, se presume, otro adolescente de 15 años. En este sentido, en el transcurso de los primeros días de este nuevo año, representantes del Gobierno Nacional de la Alianza UCR-Cambiemos, como el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el mismo Presidente, Mauricio Macri, han planteado y asegurado, en distintos medios de comunicación, que se trabajará, a partir de la creación de una “comisión de expertos en el tema y representantes de todo el arco político”, en la elaboración de un anteproyecto orientado a reformar el régimen Penal Juvenil vigente, regulado por la Ley Nacional N° 22.278 sancionada el año 1980 en el contexto de la última dictadura y modificada en 1983, desde un claro posicionamiento y una clara intencionalidad a favor de bajar el límite de edad de punibilidad de 16 a 14 años, aunque, aclaran, en casos de delitos considerados graves.

Para desarrollar un análisis crítico y construir un posicionamiento fundado al respecto, es fundamental tener en cuenta que, como todas las decisiones políticas, y este es el caso de una de ellas, responde a determinados intereses que no aparecen de manera explícita

Por el contrario, dichos intereses permanecen, ocultos, encubiertos, disfrazados detrás de discursos que nos quieren convencer de que el problema de la inseguridad se soluciona con castigos más duros, con más policías en las calles, sobre todo en los barrios pobres, con más cárceles e instituciones de encierro donde lxs pibxs, que parecen ser los principales protagonistas y responsables de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país, “no entren por una puerta y salgan por la otra”,  pero eso sí,  desde un “abordaje integral”, orientado a la “reinserción” y  garante de “derechos” en tanto cuestiones que estarían dadas en el marco del Sistema Penal, por lo que es preciso develar, descubrir, problematizar.

Y para ello, un primer elemento a considerar refiere a la magnitud de la problemática planteada, esto es, a la participación real de adolescentes y jóvenes en situaciones que constituyen delitos, respecto de lo cual una investigación desarrollada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) en torno a la situación de adolescentes en conflicto con la ley penal menciona que, en el año 2015, 3.908 jóvenes de hasta 17 años de edad inclusive fueron infractores o presuntos infractores de la ley penal, lo cual representa el 0,14% del total de la población de 14 a 17 años de edad del país. Asimismo, la mayor parte de ellos, más precisamente, el 89,5% (3.496), tenía entre 16 y 17 años, es decir que son punibles en el marco de la normativa vigente y, por tanto, deben ser sometidos a un proceso penal y puestos a disposición del juez, mientras que el 10,5% (412) tenían menos de 16 años que, aunque son no punibles de acuerdo a dicha normativa, en algunas jurisdicciones es posible que sean privados de su libertad o pasibles de otras medidas de seguridad. Por su parte, los datos presentados por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires muestran que el delito juvenil sobre el total representa aproximadamente el 3,5%, y el 1% refiere a delitos de gravedad.  Estos datos no hacen más que echar por tierra, desmitificar aquello que permanentemente se afirma y aparece como verdad absoluta e incuestionable en los medios de comunicación hegemónicos  masivos, esto es, como mencionaba anteriormente, la idea de que la tan mentada inseguridad se explica y se origina a partir  del involucramiento de jóvenes, al parecer cada vez más jóvenes, en la comisión de delitos graves, y que, por tanto, la solución es superar su aparente inimputabilidad e impunidad, esta noción de “puerta giratoria” que desconoce el hecho de que las penas privativas de la libertad, lejos de presentar un carácter excepcional, se consolidan como la respuesta prioritaria.

Pero también es fundamental comprender esta decisión política como parte de un conjunto de decisiones políticas que dan cuenta de la direccionalidad que asumen las políticas públicas del Gobierno, que puede resumirse a partir de un solo y amplio concepto: neoliberalismo.

Y aquí basta con mencionar el profundo ajuste llevado a cabo en ciencia, en educación, en salud a partir de la sub-ejecución de presupuestos destinados a tales áreas, los despidos masivos y la profundización de la precarización laboral con el consecuente aumento en los indicadores de pobreza y desigualdad, el desmantelamiento de políticas sociales, la represión de las protestas sociales materializada en el denominado “Operativo Anti-Piquetes”, las 259 muertes en manos de las fuerzas de seguridad, entre otras cuestiones, para comprender que nos encontramos ante un Estado que, tal como han planteado algunos autores (por ejemplo, Wacquant) respecto al Estado de fines del siglo XX, al mismo tiempo que achica y recorta sus funciones sociales y asistenciales, que atenta contra derechos históricamente conquistados, expande sus funciones penales, policiales y punitivas como mecanismo que, actuando de manera selectiva y estigmatizante, se orienta a mantener el orden y el disciplinamiento necesarios para desarrollar, sin obstáculos, su plan político y económico. Y en este contexto, la baja de la edad de punibilidad se constituye como una respuesta superficial, fragmentada, que implica la profundización de la estigmatización, la criminalización de la pobreza, la vulneración de derechos, la penalización de las cuestiones sociales, escondiendo y alejando de la sociedad, al menos por un tiempo, aquello que la misma sociedad genera.

Entonces, sí, es necesario, y es una deuda pendiente de la democracia, llevar a cabo una discusión seria en relación al Régimen Penal Juvenil actual y promover su superación a partir de la sanción de una legislación que respete y reivindique, en contraposición a la normativa vigente, los principios, derechos y garantías reconocidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país, regulados por las Leyes Nacional N° 26.061 y Provincial N° 13.298.

Pero ello a partir de un análisis de la cuestión orientado a recuperar y comprender su esencia, sus causas profundas, su complejidad, su carácter histórico, su sentido y significado en las relaciones sociales en el marco de las cuales se genera, se constituye como problema y en el marco de las cuales se plantean y desarrollan intervenciones al respecto.

En función de estos planteos, decir NO A LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD es decir no al encierro de lxs pibxs y a la violencia institucional de la que son víctimas por parte de las fuerzas de seguridad, a visiones que promueven su estigmatización, a los ajustes en salud, educación y programas de promoción y protección derechos; es decir que inseguridad no es sólo aquello que una ley nos dice que es un delito: es vulneración de derechos, es no tener para comer, para vestirte, es no conseguir laburo, es no poder ir a la escuela, es vivir en la calle o en viviendas precarias, es que la gorra te persiga, te pegue, te mate por usar visera, mientras que para el resto sos invisible o peligrosx, el/la culpable de todo lo malo que pasa. Pero también es sumar fuerzas a la lucha por la transformación de la realidad y por la elaboración e implementación de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno y efectivo de derechos.