“El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”

declara el artículo 4 de Ley Nacional de Migraciones 25.871, sancionada en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner y reglamentada por la presidenta Cristina Fernández, sin embargo, en este ámbito, como en tantos otros, algo está cambiando, y no para mejor.

El reciente anuncio de la apertura de un Centro de Detención para Migrantes en condición irregular, encendió todas las alarmas ya que deja ver un retroceso en una política que ha venido siendo de integración y ampliación de derechos.

Si bien la propia Ley de Migraciones contempla de manera excepcional la detención como paso previo a la expulsión, lo cierto es que no es un procedimiento estándar ni generalizado, y la tendencia  fue siempre facilitar la regularización antes que castigar, porque primaba, como en los servicios públicos, en el acceso a la vivienda  y en las decisiones políticas en general, un enfoque basado en derechos.

Lo que preocupa, en este caso, es la mirada policial sobre la irregularidad migratoria, en lugar de enfocarse en facilitar los trámites para solucionar esta problemática.

Más allá de las justificaciones y explicaciones que puedan darse desde el gobierno, el mensaje  que queda es el regreso de una visión política que criminaliza la migración, con representantes  que han declarado en numerosas oportunidades que “la frontera es un colador”, que los migrantes traen droga y delincuencia, en fin, la misma estigmatización de siempre, que coloca a lxs migrantes en el lugar de chivos expiatorios para todos los males que pueda sufrir el país, lo que, además, se potencia en un contexto de recesión económica y aumento del desempleo como el que estamos viviendo.

Como declaró Lourdes Rivadeneyra, referente de la Red de Migrantes y Refugiadxs de Argentina, “la condición de ‘irregularidad’, es una problemática social que hay que atender y que muchas veces ocurre por ser parte de un círculo vicioso”, y “asociar delito a la condición de migrante es un grave retroceso para el país y la región, porque Argentina marcó un rumbo en políticas migratorias”.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre el porcentaje de presos extranjeros en las cárceles Argentinas, para terminar descubriendo que no supera el  5%, o sobre la “invasión” u “ola” de migrantes, para que finalmente el  Censo nos muestre que el número se ha mantenido estable, alrededor del histórico 3% de la población.

La realidad es que en los diferentes países que han aplicado políticas migratorias restrictivas como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, ha quedado demostrado que no sirven para detener la migración porque las causas se mantienen, y en cambio reproducen y multiplican la irregularidad migratoria que pretenden combatir, generando precarización laboral y social de lxs migrantes, al tiempo que fortalecen los discursos discriminatorios y xenófobos.

Si se quiere combatir la trata de personas, la explotación laboral y solucionar la irregularidad migratoria, el camino no es la persecución a quien migra, sino avanzar en más y mejores derechos.

Acompaña con tu firma el petitorio “No a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”

 

Juan José Cappelli, Prensa de Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs