Belén no sabía que estaba embarazada y fue al Hospital Avellaneda, en San Miguel de Tucumán, con muchos dolores. Tuvo un aborto espontáneo y terminó presa. Fue condenada a ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado y pasó detenida dos años. Después de cuatro meses de marchas y reclamos por su libertad en todo el país, la Corte Suprema de Tucumán terminó con la prisión preventiva. Y aunque todavía falta que se anule definitivamente su condena, esta historia habla tanto del ensañamiento de la justicia conservadora para impedir a las mujeres decidir sobre sus cuerpos como de la vitalidad del movimiento feminista. Esta historia habla, en definitiva, de las consecuencias de la clandestinidad del aborto, de cómo se aplica el miedo a la cárcel como herramienta de disciplinamiento. Y cuánto sirven las redes solidarias para proteger y alentar las decisiones libres.

Por Luciana Peker para Las12 – pagina12

El 21 de marzo del 2014 a Belén la panza le dolía de un modo insoportable. Su mamá decidió acompañarla a la guardia del Hospital Avellaneda, en San Miguel de Tucumán. Nunca se imaginó que –en busca de calmar el dolor– encontraría el dolor más grande de su vida. Belén tenía 25 años y no tenía panza ni sabía que estaba embarazada, pero la acusaron de homicidio por la muerte de un feto, encontrado en el baño del hospital, y con el que jamás realizaron pruebas de ADN. A pesar de la falta de pruebas y pericias, el 19 de abril de este año la Sala III de la Cámara Penal la condenó por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. Su condena se convirtió también en una forma de disciplinamiento ideológico a todas las mujeres que pueden llegar a un hospital pública con dolores, sangrados o infecciones, después de un aborto espontáneo o provocado. La condena de Belén fue la condena a todas al callejón sin salida de la cárcel o la muerte. La decisión de la Corte Suprema tucumana de decretar su liberación también fue un triunfo colectivo del movimiento de mujeres que expandió como un grito la victoria de la orden de liberación. El viernes 12 de agosto, en todo el país, hubo marchas para pedir su libertad. Y esa libertad resopló, como viento de alivia, para Belén y para todas. […]

La salud de las mujeres es una deuda de la salud pública con sus ciudadanas y con sus compromisos internacionales.

En 1990 Argentina firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con Naciones Unidas, en donde se comprometía a bajar, en el 2015, tres cuartos de su mortalidad materna: la cantidad de mujeres que se mueren por embarazo, parto o puerperio. En la Argentina la primera causa individual de la mortalidad materna son los abortos clandestinos. Sin embargo (aún cuando todavía se desconocen las cifras del 2015) se estima que nuestro país no cumplió con su compromiso. La Argentina tendría que llegar a una tasa de 1,3 muertes de mujeres por cada 10.000 nacidos vivos y, en cambio, en el 2014 murieron 3,4 mujeres cada 10.000 nacidos vivos. […]

Vanina Escales, integrante del colectivo Ni Una Menos enfoca la desigualdad económica y social que representa el caso de Belén:

¿Hay alguna chica de clase alta o media presa por abortar? No. Hay un trato estatal clasista hacia las mujeres contra el que vamos a tener que seguir saliendo una y otra vez.

En Argentina la gran deuda de la democracia es el aborto legal, seguro y gratuito y la aprobación del proyecto presentado en el Congreso de la Nación. Sin embargo, sí todos los casos de interrupciones voluntarias del embarazo pueden ser legales ya que el fallo F.A.L., de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 2012, establece que en casos de violencia sexual, embarazo inviable, riesgo para la salud o vida de la madre los abortos pueden practicarse o facilitarse (generalmente a través de misoprostol) en centros de salud y hospitales públicos. Si una mujer cree que un embarazo puede perjudicarla en su salud física o mental puede acceder a una práctica segura. En abril del 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó la última versión del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. El documento obliga al sistema sanitario a cumplir con todos los abortos de las personas víctimas de una violación o cuya vida o salud corre riesgo. Y el criterio de salud debe ser amplio e incluye la salud emocional y mental y los riesgos del parto.

De hecho, si bien las cifras reales son más altas (por cinco provincias que no notificaron sus datos y otros centros de salud con sub registros), según cifras oficiales a las que tuvo acceso Las/12, en el 2014 se realizador 400 interrupciones legales del embarazo y, en el 2015, 500 abortos legales en hospitales públicos de todo el país registrados por el Ministerio de Salud de la Nación.

La activista feminista de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Celeste Mac Dougall subraya:

El caso de Belén muestra las trabas y dilaciones en relación a los abortos que sí son legales en nuestro país y la constante negativa del Estado de debatir y sancionar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todas las acciones que no respeten los derechos de las mueres son medidas aleccionadoras para todas las mujeres. Por eso nosotras tomamos ese eje y lo invertimos. Belén somos todas y por eso la vamos a liberar

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